El movimiento indígena independiente
emplaza al presidente Correa

por Ramón Vera Herrera

Ecuador es ejemplo de que la revocación del mandato, siendo un eje de movilización social en ese país, ha tumbado presidentes pero no altera en nada las relaciones entre gobernantes y gobernados.

En menos de diez años cayeron Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). Lo extraño es que conforme los gobernantes se suceden en el cargo, el tirar presidentes se desgasta como solución y los nuevos gobernantes se allegan más y más elementos para contener, dividir, corromper o simplemente darle la vuelta a los movimientos.  Baste recordar que, de Bucaram en adelante, al movimiento indígena se le da la posibilidad de “participar” del poder en la clase política ecuatoriana, como congresistas o ministros de varias carteras. Esta ilusión ha sido muy costosa para el movimiento indígena: con ella los operadores políticos internacionales logran dividirlo y nulificar a quienes cuentan con la visión más panorámica del daño y la devastación que el capital (encarnado en transnacionales y gobiernos) ejerce sobre los pueblos de todos los países.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha logrado mantener su autoridad moral ante el conjunto de los movimientos indígenas del continente porque, con altas y bajas y pese a los coqueteos de algunos y las traiciones de otros, sus dirigencias reconsideran desde hace unos años el enorme costo social de haberle apostado a insertarse en el poder político del país, y recibir los subsidios del Banco Mundial que con dinero logró diluir y oscurecer por un tiempo su enorme fuerza social.
 
Marlon Santi, alguna vez representante de Sarayacu —la legendaria y famosísima comunidad amazónica que resistió a la petrolera Repsol hasta expulsarla de sus territorios—, llega ahora a la presidencia de Conaie con una nueva mirada que desdramatiza el poder político del aparato estatal, lo sitúa en una dimensión más realista e insiste, junto con su nuevo Consejo de Gobierno, en reconstruir desde abajo el tejido organizativo como lo emprendiera en su momento su antecesor, Lucho Macas.

Antes de asumir su cargo Santi fue amenazado de muerte y a los pocos días fue secuestrada su esposa, Miriam Cisneros. Sus captores la hostigaron sicológicamente, la golpearon y le echaban agua mientras le repetían: “qué planea la Conaie contra el gobierno de Rafael Correa, qué planes tiene Marlon Santi, quiénes son los asesores de la Conaie, quiénes son las mujeres que dirigen la marcha contra el tlc” —preguntas absurdas y obtusas, por cierto. La agresión, que intentaba ablandar a Santi de entrada, pone de manifiesto que su ascensión como dirigente de la Conaie es vista por la derecha ecuatoriana y por algunos sectores “progresistas”, ligados o cercanos al gobierno de Correa, como una radicalización inesperada del movimiento indígena.

Y aunque hay quienes lo veían “muy verde” o “muy nuevito”, Marlon Santi se creció a las circunstancias y logra convocar a andinos y amazónicos en la defensa de los territorios, los recursos naturales, la soberanía y la participación real —no en el “poder” pero sí en la toma de decisiones.

Al asumir el cargo dijo: “aquí estamos los verdaderos defensores de la soberanía nacional”, después de demandar la “inmediata desmilitarización de los territorios indígenas” y expresar solidaridad con Dayuma, comunidad amazónica reprimida a fines de noviembre por el gobierno de Correa: el ejército ecuatoriano ingresó al poblado disparando y con lujo de violencia abrió las viviendas de los pobladores de Dayuma, golpeó, torturó y apresó a cientos de personas por ejercer su derecho a la protesta y a la movilización tras el corte de ruta con que la población quiso presionar al gobierno para lograr servicios básicos de luz y agua apta para consumo humano, y que Petroecuador les cumpliera los ofrecimientos que hizo para seguir explotando los yacimientos de la región.
 
El gobierno de Correa tiene en curso un ejercicio de “participación ciudadana” en la llamada Asamblea Constituyente, un espacio plural de partidos y organizaciones con el fin de reformar a fondo la Constitución, pero al mismo tiempo se levantan inconformes voces críticas (organizaciones, comunidades indígenas y campesinas, movimientos sociales, intelectuales y activistas de vario signo) ante lo que califican de burla por parte del Ejecutivo: emprender por un lado una reconstrucción del Estado ecuatoriano y por otro, a nivel cupular, instaurar en los reglamentos múltiples candados a lo logrado en la Asamblea.

Y es que Correa se empeña en mantener las grandes mineras y petroleras para que continúen la explotación en los territorios, sobre todo en la Amazonía, y en que el Estado “puede autorizar la ejecución de actividades mineras para el aprovechamiento racional de los recursos a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros…” Con ese afán y otorgando concesiones mineras “irrevocables” hasta por 20 años renovables y “hasta de 5 mil hectáreas contiguas”, el gobierno no muestra ninguna gana de convenir el consentimiento previo vinculante —la necesidad de que el Estado consulte de una manera profunda a las poblaciones para que ellas aprueben la explotación o no de un recurso en su propio territorio.

Cuando los movimientos sociales y la Conaie en particular han protestado, Correa afirma arrogante: “Levántense y ojalá que nos boten, para que venga otro Lucio Gutiérrez, otro Febres-Cordero, a ver si logran el consentimiento previo”. Según nota de El Universo (13 de mayo) no aceptará que las comunidades “tengan la posibilidad de decidir sobre la explotación de petróleo o minerales, aunque sea en sus territorios”, pues “la decisión será tomada por el Estado”.
 
Ante esto, mediante su Consejo de Gobierno y después de exhaustivas consultas con sus bases, la Conaie se declaró opositora del gobierno y amenazó con movilizarse para demandar la figura de consentimiento previo, libre e informado, con carácter vinculante, lo que significa que son las comunidades, mediante la consulta y la participación, quienes deben decidir sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios. La Conaie insiste en impedir su entrega a las mineras, las petroleras, las madereras, las hidroeléctricas, las farmacéuticas. En defender biodiversidad, autogobierno, derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, soberanía alimentaria como derecho de los pueblos y la prohibición de todos los transgénicos.

 “No vamos a caer en el juego de tumbar gobiernos. Después de la ruptura del diálogo, vamos a hacer presencia en la [Asamblea] Constituyente, porque ésta no debe obedecer las órdenes del presidente”, dijo Santi.
En el contexto de la Cumbre de los Pueblos celebrada en Lima a mediados de mayo, Humberto Cholango, dirigente de Ecuarunari, una de las más fuertes organizaciones de la Conaie, afirmó que lucharán también contra todos los tratados de libre comercio, con Estados Unidos o con la Unión Europea.

© 2008 La Jornada

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